Novedades de la ley 11/2010, de 4 de noviembre, de cooperativas de Castilla-La Mancha.

[Por Justo Juan Pliego Romero, abogado y Director-Gerente de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Castilla-La Mancha (UCTACAM). Árbitro del Consejo Regional de Economía Social de Castilla-La Mancha.]

Baja del socio

Probablemente es uno de los temas que para aquellos que trabajan en el sector cooperativo supone una mayor litigiosidad, considerando además que en muchas ocasiones se invocan por socios y letrados que los representan unos efectos que teóricamente encuentran su fundamento en los principios cooperativos, en particular el de “puertas abiertas” repetidamente alegado, pero que dejan de lado en su formulación el verdadero sentido y contenido obligacional del mismo.

Novedades de la ley 11/2010, de 4 de noviembre, de cooperativas de Castilla-La Mancha.

[Por Justo Juan Pliego Romero, abogado y Director-Gerente de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Castilla-La Mancha (UCTACAM). Árbitro del Consejo Regional de Economía Social de Castilla-La Mancha.]

Si consideramos la regulación que se ha estado llevando a cabo en las comunidades autónomas en las que el sector cooperativo tiene un peso más destacado en la actividad económica, como en el caso más conocido del País Vasco, cuya regulación original se dictó ya en el año 1982, o en Cataluña, junto con Andalucía, Valencia o Castilla-León, podemos ver que nuestra norma regional recoge novedades y regulaciones cuyo origen se encuentran en otros textos legales, así los artículos 3.2 y 5 de la Ley 4/2001, de 2 de julio, de Cooperativas de La Rioja, se ven casi reflejados en los artículos 2.3 y 10.3 de la vigente ley castellano manchega, cuando ésta crea como especialidad dentro de la clase de las cooperativas de trabajo asociado la denominada Microempresa cooperativa, cuyo desarrollo reglamentario está pendiente de su desarrollo a la fecha de este artículo.

[Jesús Manuel Fernández-Pacheco Rodríguez. Abogado /Asesor Jurídico Entidades Locales]

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en S 26 diciembre 1996 estableciendo la siguiente doctrina legal: "Las Ordenanzas Municipales reguladoras de las zonas de estacionamiento de vehículos pueden limitar el tiempo máximo que se permita mantener estacionado un vehículo en un mismo lugar situado dentro de aquellas zonas. En los supuestos en que se mantenga estacionado un vehículo en dichas zonas sin autorización o con autorización, pero por encima del máximo tiempo permitido por la Ordenanza Municipal, impidiendo así el equitativo reparto de tales espacios entre los eventuales usuarios, existe habilitación legal para que dicha Ordenanza prevea la aplicación de una medida cautelar consistente en la retirada del vehículo y su traslado al depósito municipal, aparte la posibilidad de que tal actuación pueda ser constitutiva de infracción administrativa determinante de sanción".